Los 35.000 vehículos que integran el parque móvil nacional nos sitúan ya al mismo nivel que Japón. Pero hay algo en lo que si podemos presumir de estar entre los líderes mundiales:
somos el sexto país del mundo con más coches oficiales. El Congreso, los organismos reguladores del Estado, los tribunales de justicia, el Gobierno, los ejecutivos autonómicos, las diputaciones provinciales, los cabildos, los ayuntamientos, las sociedades públicas y, por supuesto, las Fuerzas Armadas.
Todos quieren su coche de empresa.
A Costa del erario público y
el déficit obligue a recortar el sueldo a los funcionarios y congelar el sueldo a los pensionistas.
Tenemos un parque móvil compuesto por nada más y nada menos que
35.000 vehículos. Y no se crean que se trata de un utilitario cualquiera. El Audi A8, el Volkswagen Phaeton, el Lexus GS-450 y los Mercedes son los modelos preferidos por nuestros políticos. Más allá de los datos astronómicos de
Estados Unidos e Italia, que cuentan con un parque de 861.000 y 629.000 coches cada uno respectivamente; se sitúan por delante de nosotros
Francia, con 72.000 vehículos, y el
Reino Unido y Alemania, con unos 55.000 cada uno.
Eso sí, España, que aparece a continuación en el ranking, tiene ya tantos como Japón. Y aunque pueda sonar a broma, le siguen de cerca los dos países europeos más golpeados por la recesión: Grecia y Portugal.
Falta de transparencia
Lo complicado es saber cuánto se gasta cada uno en el mundo del motor. Pese a estar a la cabeza, el país más transparente en este sentido es
Estados Unidos. El coste de mantener su particular concesionario federal ascendía en 2009 hasta los
3.759 millones de dólares. ¿Y en
España? Nuestro parque tampoco es precisamente barato. Al contrario de lo que ocurre al otro lado del océano, aquí no hay cifra oficial, pero
se estima que sólo el mantenimiento supera los 60 millones de euros anuales. Y
los precios de los vehículos tampoco son precisamente baratos. Van
desde un mínimo de 60.000 a 70.000 euros hasta un máximo, en los últimos años, de casi medio millón. Y sino que se lo pregunten al ex presidente de la Xunta de Galicia, el socialista Emilio
Pérez Touriño, que se gastó en plena crisis
480.000 euros en hacer más confortable y seguro su A8. O al presidente del Parlament de Cataluña, Ernest
Benach, que después de invertir 110.000 euros en un modelo similar, con características de limusina, no tuvo bastante e ignorando los recortes de la Generalitat, se gastó otros 20.000 euros más en tunearlo y añadirle escritorio, reposapiés, televisión y MP3.
Despilfarro
En España, la Administración del Estado cuenta con un parque de 1.090 vehículos. De ellos,
431 dependen directamente del Ejecutivo de Zapatero: 191 para altos cargos y el resto, denominados de "incidencias", para ser usados ante desplazamientos concretos. A esta cantidad hay que añadir los coches de la
Casa Real. El
número de vehículos por ministerios viene especificado en una respuesta parlamentaria que el Gobierno envió al Congreso en octubre del año pasado ante una pregunta de la diputada del PP Celinda Sánchez. De acuerdo con la misma, el ministerio con un mayor parque móvil es el de Economía y Hacienda, con 97; seguido de Exteriores, con 46; Industria, con 36, y Medio Ambiente, con 34. El Congreso de los Diputados dispone de 18 vehículos más: 9 para los miembros de la Mesa de la Cámara Baja, 7 para los portavoces de los grupos y 2 más para incidencias. Pero claro, luego hay que bajar escalafones.
Hay 1.200 coches en las autonomías y 27.000 entre el resto de organismos, el Ejército, los ayuntamientos, las diputaciones y otras administraciones locales.
En las autonomías todos los presidentes, consejeros, delegados territoriales, directores generales y secretarios disfrutan de su coche oficial.
Galicia es una de las autonomías con mayor parque móvil -352 coches-, pero su lista pública incluye no sólo los 84 vehículos de altos cargos, sino también otros para distintas funciones. El cálculo global es algo que pocas comunidades tiene controlado. De hecho, recabar ese tipo de datos es prácticamente misión imposible.
Entre las más transparentes está Extremadura, que incluso tiene colgada en su página web toda la relación de vehículos, los oficiales, y las ambulancias y coches de bomberos, sumando un total de 2.088 coches.
La buena noticia, al menos, es que algunas están optando por recortar.
Cataluña, que dispone de 82 vehículos para altos cargos
ha reducido ya su flota un 16 por ciento en los últimos años. Y en el mismo caso se encontraría la
Comunidad de Madrid, que hace apenas unos días redujo sus coches oficiales de 125 a 77, de los cuales 10 son para la presidenta y los consejeros autónomicos, 11 para incidencias y el resto para compartir.
Pero la gran flota de coches oficiales no parece suficiente para las necesidades de los cargos públicos. Y
el gasto prolifera a diestro y siniestro. En Andalucía, por ejemplo, se ha creado una junta paralela constituida por la red de empresas y organismos públicos, en la que trabajan ya 21.000 personas,
que no son funcionarios. El sector público empresarial andaluz está formado por 172 compañías. Y como en los balances no se consideran como pérdidas las ayudas y subvenciones de la Junta de Andalucía, el asunto se complica para conocer las cuentas reales. Basta un dato: entre 2002 y 2007 las empresas públicas andaluzas recibieron de la Junta 11.523 millones de euros, computables a pérdidas. Año tras año, el máximo órgano fiscalizador, la Cámara de Cuentas, denuncia el caos en la gestión administrativa de muchas de estas compañías.
Otro ejemplo de despilfarro lo encontramos en Cantabria, donde el PP ha denunciado que tres directores generales del Gobierno de
Revilla se gastaron en tres meses 29.800 euros en coches con conductor. Los populares no entienden el gasto de una partida semejante cuando existe un parque de coches oficiales y es una comunidad tan pequeña, con distancias tan cortas. Y llama mucho más la atención como con la grave crisis económica, el
Gobierno de La Rioja lanza una campaña de atracción turística en la que sortea la concesión de Un año sabático en la tierra con nombre de vino, con un reembolso de un millón para el ganador.
Un poco más al norte, en
Bilbao, el pasado miércoles se puso la primera piedra del nuevo Estadio de San Mamés. Está claro que para el Athletic de Bilbao y para las administraciones vascas el campo equivale a una verdadera catedral, digna de grandes sacrificios, ya que están dispuestos a gastar un presupuesto que supera los 175 millones, en el que los socios del club apenas aportarán unos 50 millones entre fondos y terrenos.
El resto del presupuesto lo aportarán en tandas de 55 millones cada uno, el Gobierno vasco, la Diputación de Vizcaya y la caja de ahorros BBK. El Ayuntamiento de Bilbao también participa pero en una cuantía bastante inferior.
En pleno
debate sobre la reducción del número de empresas y organismos públicos, el Gobierno de
Murcia presentó anteayer asimismo un nuevo organismo, la Agencia para el Desarrollo de las Industrias Creativas de la Región de Murcia (Adicrea), que según la oposición hace el número 98, entre empresas, fundaciones y organismos autónomos. El PSOE acusa al Ejecutivo murciano de "centrifugar" el gasto, ya que "en lo que va de legislatura, el gasto en fundaciones y consorcios de la Región ha crecido en más de un 530 por ciento", según la diputada Begoña García Retegui.
Como ejemplo del derroche, Retegui pone el viaje que realizó Valcárcel recientemente a Tinduf (Argelia), "un viaje que, aunque tenga interés político, no justifica el que lleve una corte acompañando al presidente, y para el que se fletó un avión privado que costó casi 60.000 euros".
Embajadas autonómicas
Y todo eso por no hablar de las
embajadas que están montando muchas autonomías, con
Cataluña a la cabeza, que tiene 69 delegaciones en el exterior.
Pese a la austeridad que defiende ahora el Tripartito, lo cierto es que el Ejecutivo de Montilla anunció en marzo
la apertura de tres embajadas más en México, Marruecos y Asia, así como la creación de un cuerpo de funcionarios especializados en asuntos exteriores durante cinco años como parte del primer plan de acción exterior, impulsado directamente por el vicepresidente catalán Josep Lluis Carod Rovira. Este nuevo cuerpo diplomático estará formado por el personal de las distintas consejerías que ya esté especializado en asuntos exteriores, pero también se convocarán plazas específicas para incorporar expertos y crear una "masa crítica de especialistas" en relaciones internacionales.
Según el gobierno catalán, la Generalitat gastó el año pasado 2,2 millones de euros en las delegaciones en el extranjero y ya en marzo anunció que esta cantidad se mantendrá a lo largo de 2010. Otro despilfarro, al margen de esto y de las 260 empresas públicas catalanas, son los informes que encarga la Generalitat. En 2007 el gobierno tripartito invirtió 32 millones de euros.
Y no son los únicos.
En Valencia también se han creado fundaciones públicas de dudosa utilidad en las que apenas trabajan dos o tres personas designadas a dedo. Una de ellas, Gestión y Eficiencia Empresarial, con dos empleadas y dedicada a la elaboración de estudios, quiso desviar recientemente 300.000 euros de la Diputación de Valencia para si misma. Y sino fuera un asunto tan serio, hay datos que podrían parecer una broma. El presidente éste último organismo, Alfonso Rus, gastó en marzo 7.922 euros en contratar gogós para un concierto de música por el que ya había pagado 200.000 euros. Además, pagó otros 7.000 euros por la barra libre.
Despilfarro total
