Pero hete aquí que los servicios financieros españoles están exentos de IVA, de modo que los bancos sí deben pagarlo como parte del precio por las cosas que compran (la luz de las oficinas, una campaña de marketing, ordenadores para los empleados…), al igual que cualquier otra empresa, pero no tienen ningún IVA que “repercutir” a sus clientes, o sea, que no tienen derecho a descontarse nada ante Hacienda. Estamos hablando de alrededor de 1.500 millones de euros al año, según cálculos del propio sector financiero.
En noviembre de 2007, la Comisión Europea estaba preparando la reforma del IVA sobre los servicios financieros. Pero la crisis económica obligó a aparcarla. Ahora que se habla de la “Tasa Robin Hood” o de un nuevo gravamen sobre los beneficios del sector, la banca recupera su vieja reclamación para cobrar el IVA. “Si nos tienen que poner un impuesto, que sea el IVA”, defienden. Y así lo han planteado, de forma “reiterada y oficial”, al Gobierno, alegando que este sobrecoste perjudica su competitividad y encarece los costes.
¿Qué supondría para el consumidor que se aplicara el IVA a los servicios financieros? Depende.
- Primero, porque lo que se gravaría es el margen financiero. Por ejemplo: en el caso de un préstamo, el IVA no se aplicaría a la cantidad total prestada, sino sólo al margen de beneficio de la entidad financiera.
- Segundo, hoy, cajas y bancos ya enmascaran en el precio de sus comisiones el coste del IVA que no se pueden deducir. La realidad es que los consumidores lo están pagando pero no lo saben. Y, tercero, el pragmatismo de la banca hace que se limite a solicitar al Gobierno cobrar el IVA al menos en las operaciones con empresas de manera que tanto la banca como sus empresas clientes se deducirían el IVA.
Por Amparo Estrada
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