Riba-roja multa con 260 euros al dueño de un vehículo por pasar la ITV en Cuenca
La norma autonómica dicta que la revisión sonora de un coche se ha de hacer en la C. Valenciana
Levante-EMVRIBA-ROJA DE TÚRIA
El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Y es que lo que le ha ocurrido a Jorge Pardo, vecino de Utiel, le podría suceder a cualquiera que haya pasado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) fuera de su comunidad autónoma. La Policía de Riba-roja multó con 260 euros durante un control rutinario a éste joven por haber llevado en la última revisión su Renault Laguna a una estación ITV de Motilla del Palancar, en Cuenca.
Según explicaron ayer fuentes policiales, desde 2004 la legislación autónoma obliga a pasar una prueba de los niveles de emisión sonora a los vehículos con permiso de circulación domiciliado en cualquier municipio de la Comunitat Valenciana, una comprobación que en este caso no exigen otras comunidades españolas como Castilla-La Mancha. Por tanto, aseveran la ITV es incompleta y sancionable. Jorge, que asegura sentirse indefenso y estafado por la administración, reconoce desconocer la normativa y no entiende porque le aprobaron la revisión.
"No sé porque tengo que pagar cuando yo he cumplido en pasar la ITV y desconozco si en Galicia, Cuenca o en Madrid tienen requisitos distintos". Pardo achaca la multa a un afán recaudatorio desmesurado en tiempos de crisis y asegura que su elección responde a la proximidad. "Realicé la inspección en Motilla porque realmente está más cerca de Utiel que Valencia", advierte. Sin embargo, lo que más le indigna a este vecino es el trato recibido por la Policía Local de Riba-roja. Según su versión, los agentes le preguntaron qué hacía uno de Utiel y le exigieron que les diera una dirección del municipio. Cuando comprobaron que en el DNI constaba una calle de su ciudad natal, el agente le amenazó con denunciarlo. "Vivo en Riba-roja desde hace un tiempo pero soy de Utiel y hasta hace dos semanas he estado empadronado allí", advierte. "En este momento me enfadé y llegaron a pedir incluso mis antecedentes penales".
Alegaciones rechazadas
Después de recibir la multa, Jorge Pardo presentó un escrito de alegaciones para impugnar la denuncia que quedó desestimado. En él fundamentaba que el agente no le notificó la causa, con lo cual no pudo comprobar si había revisado el vehículo o no.
Ahora, ha interpuesto un recurso de apelación contra el Ayuntamiento de Riba-roja que está pendiente de resolución. Jorge Pardo, tal como recoge la ley en estos casos, se ha sometido dentro del plazo de un mes a la comprobación de los niveles de ruido en una estación radicada en la Comunitat Valenciana, pero advierte de que si vuelven a desestimar sus alegaciones, llevará a juicio al consistorio.
Según explicaron ayer fuentes policiales, desde 2004 la legislación autónoma obliga a pasar una prueba de los niveles de emisión sonora a los vehículos con permiso de circulación domiciliado en cualquier municipio de la Comunitat Valenciana, una comprobación que en este caso no exigen otras comunidades españolas como Castilla-La Mancha. Por tanto, aseveran la ITV es incompleta y sancionable. Jorge, que asegura sentirse indefenso y estafado por la administración, reconoce desconocer la normativa y no entiende porque le aprobaron la revisión.
"No sé porque tengo que pagar cuando yo he cumplido en pasar la ITV y desconozco si en Galicia, Cuenca o en Madrid tienen requisitos distintos". Pardo achaca la multa a un afán recaudatorio desmesurado en tiempos de crisis y asegura que su elección responde a la proximidad. "Realicé la inspección en Motilla porque realmente está más cerca de Utiel que Valencia", advierte. Sin embargo, lo que más le indigna a este vecino es el trato recibido por la Policía Local de Riba-roja. Según su versión, los agentes le preguntaron qué hacía uno de Utiel y le exigieron que les diera una dirección del municipio. Cuando comprobaron que en el DNI constaba una calle de su ciudad natal, el agente le amenazó con denunciarlo. "Vivo en Riba-roja desde hace un tiempo pero soy de Utiel y hasta hace dos semanas he estado empadronado allí", advierte. "En este momento me enfadé y llegaron a pedir incluso mis antecedentes penales".
Alegaciones rechazadas
Después de recibir la multa, Jorge Pardo presentó un escrito de alegaciones para impugnar la denuncia que quedó desestimado. En él fundamentaba que el agente no le notificó la causa, con lo cual no pudo comprobar si había revisado el vehículo o no.
Ahora, ha interpuesto un recurso de apelación contra el Ayuntamiento de Riba-roja que está pendiente de resolución. Jorge Pardo, tal como recoge la ley en estos casos, se ha sometido dentro del plazo de un mes a la comprobación de los niveles de ruido en una estación radicada en la Comunitat Valenciana, pero advierte de que si vuelven a desestimar sus alegaciones, llevará a juicio al consistorio.
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