El dinero de Pujol en Andorra, 1.200 millones de pesetas en origen, procede de la quiebra de Banca Catalana.

El dinero que "el molt honorable" reconoció el pasado 25 de julio haber mantenido en el principado opaco a Hacienda procede en su mayoría de los restos del naufragio de Banca Catalana, de la que Pujol fue vicepresidente ejecutivo. La familia Pujol se embolsó 700 millones con la venta de las acciones de la propia entidad. Los otros 500 millones de pesetas tienen un origen todavía más rocambolesco.
Ahora ya sabemos el origen de la famosa fortuna radicada en la Banca Privada de Andorra que Jordi Pujol habría heredado de su padre, y de la que no tenía la menor noticia su propia hermana. El dinero que el molt honorable reconoció el pasado 25 de julio haber mantenido en el principado opaco a Hacienda procede en su mayoría de los restos del naufragio de Banca Catalana, de la que Pujol fue vicepresidente ejecutivo, que en noviembre de 1982 fue intervenida por el Banco de España y un año después adjudicada en subasta al Banco Vizcaya de Pedro de Toledo. En total, 1.200 millones de pesetas (algo más de 7 millones de euros) que, con la acumulación de intereses producida desde entonces, podría fácilmente haber superado los 40 millones de euros.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) está al corriente del origen de esa fortuna disfrazada de herencia paterna. Los testigos siguen vivos, empezando por Alfredo Sáenz, ex consejero delegado del Santander y presidente que fue de Catalana tras su paso a la órbita del Vizcaya. Los aportes se dividen en dos: unos 700 millones de pesetas (algo más de 4 millones de euros) que la familia Pujol se embolsó como resultado de la venta a la propia Banca Catalana de las acciones de la entidad propiedad de los Pujol que la familia tenía depositadas en una denominada Fundació Catalana, acciones que el banco compró como autocartera justo un minuto antes de que el Banco de España decidiera su intervención. Mediante la venta a uña de caballo de esas acciones, los Pujol consiguieron salvar su pasta antes del derrumbe inminente de la entidad.
Mediante la venta de las acciones, que el banco compró como autocartera justo un minuto antes de que el BdE decidiera su intervención, los Pujol consiguieron salvar su pasta antes del derrumbe de la entidad
Los otros 500 millones de pesetas, unos 3 millones de euros, tienen un origen todavía más rocambolesco. De acuerdo con las fuentes, Jordi Pujol transmitió un mensaje a Toledo, haciéndole notar la difícil situación económica en la que había quedado la familia tras la quiebra de Banca Catalana y pidiéndole ayuda. El encargado de transmitir el mensaje fue Lluis Prenafeta, el hombre para todo de Pujol, jefe de las “operaciones especiales” llevadas a cabo por la Generalitat en nombre de su presidente durante 23 años. De acuerdo con las fuentes, Prenafeta habría sugerido la suma de 1.000 millones de pesetas que, al final, se quedaron en la mitad, los 500 citados.

Apariencia de legalidad
El banco vizcaíno se dio prisa en dar una cierta apariencia de legalidad a esta segunda entrega, bajo la forma de una compensación por el compromiso que asumía la Generalitat, ya presidida por el propio Pujol, de seguir teniendo a la “nueva” Banca Catalana como banco de cabecera de la primera institución política catalana.
El Banco Vizcaya dio apariencia de legalidad a la entrega de los otros 500 millones disfrazándolo de compensación por mantener Banca Catalana como entidad de cabecera
La operación acumulativa se orquestó a través de Andorra en una cuenta a nombre del padre de Jordi, Florenci Pujol Brugat, y de ahí el mito de esa “herencia” destinada a cubrir cualquier riesgo que pudiera dañar la carrera política del hijo. Esos 7 millones de euros de primeros de los ochenta, solo con los intereses producidos por un depósito del 10% acumulativo durante la friolera de 32 años podrían haber alcanzado una suma cercana a los 40 millones de euros, ello sin contar otros ingresos producto del cobro de comisiones y otras operaciones, aunque las fuentes policiales aluden a una suma notablemente superior que podría rebasar incluso los 100 millones de euros.
En el diseño de la “operación Catalana” participó activamente José Antonio Sánchez Carreté, un asesor fiscal en origen y hombre siempre de la absoluta confianza del ex presidente de la Generalitat y de la propia familia, que actuó como estrecho colaborador de Jordi Pujol Ferrusola en los inicios de la cerrera del primogénito como 'cobrador del frac'. Sánchez Carreté fue condenado a dos años y seis meses por el caso de corrupción en la Inspección de Hacienda de Barcelona, que en 2011 condenó al constructor y ex presidente del Barça José Luis Núñez y a su hijo por los delitos de cohecho y falsedad documental, así como a varios altos cargos de la Inspección de Hacienda en Cataluña.
El otro hombre descrito por las fuentes como clave en el entramado de la fortuna familiar de los Pujol a partir de Banca Catalana es el norteamericano Philip McMahan Bolich, contratado originariamente para llevar la representación de la entidad en Londres y después llamado a Barcelona para hacerse cargo del departamento internacional del grupo, a las órdenes de Francesc Cabana, cuñado de Jordi Pujol. Bollich, ahora residente en Andorra y que en su tiempo llego a ser un personaje muy popular en Barcelona (gran amigo de Leopoldo Rodés, entre otros), fue el encargado de la tutela de la fortuna en Andorra cuando tuvieron lugar los hechos.

Una quiebra sin consecuencias judiciales
Philip Bolich resultó imputado por el 'caso Pretoria', en relación al cual fueron detenidos los antiguos hombres fuertes de Convergencia Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. McMahan, conocedor de buena parte de los secretos de corrupción de los Pujol y la cúpula convergente, se ha convertido en relator ante la policía de las cuentas de los supuestos testaferros de Artur Mas, así como de las actividades en la familia Pujol en los bancos andorranos.
En noviembre de 1982, el Banco de España nombró tres administradores en Banca Catalana que detectaron un fuerte desequilibrio patrimonial y que promovieron la reducción del capital y una fuerte ampliación para revitalizarla, ampliación que fue cubierta por el FGD. Meses después, el grupo fue traspasado a un consorcio formado por toda la gran banca española, aunque sería el Banco de Vizcaya el que a primeros de 1984 terminaría haciéndose con el 89% de las acciones del grupo. Jordi Pujol fue incluido en la querella presentada por la Fiscalía General del Estado, dirigida entonces por Carlos Jiménez Villarejo, contra los exdirectivos de la entidad.