La norma aprobada ayer por el congreso permite la recalificación de
terrenos que hayan sufrido incendios por “interés general”.
El Congreso de los Diputados aprobó ayer, definitivamente, la nueva Ley
de Montes con la que se deja vía LIBRE a las comunidades autónomas para la
recalificación de suelo que haya sufrido incendios sin que tengan que pasar los
30 años marcados como plazo en la anterior ley de 2003 si hay motivos de
interés público –a partir de una enmienda presentada por el PARTIDO POPULAR y
que contó con el apoyo de UPyD y UPN– y quita competencias a los agentes
forestales a la hora de denunciar delitos ambientales, y que pasan ahora a ser
auxiliares de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Durante el debate final, el diputado popular Manuel Torres ha echado en
cara a los partidos de la OPOSICIÓN que han rechazado la nueva norma que
mostrar “falta de sensibilidad con los propietarios y habitantes del mundo
rural, queriendo limitar sus posibilidades de desarrollo”.
La ley afectará a más de 54% de la superficie del país, considerado
suelo forestal. Son 27,7 millones de hectáreas de las que dos terceras partes
son de propiedad privada.
Los colectivos ecologistas se han posicionado en contra de la nueva
ley, a la que acusan de herramienta para “favorecer intereses privados”. Desde
Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Greenpeace, WWF y SEO/BirdLife
destacan que la intención del Gobierno del Partido Popular con la aprobación de
esta norma es “desregular y eliminar toda limitación a la hora de desarrollar
ciertas actividades económicas y urbanísticas“.
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