Una victoria por la dependencia: «Si existe una ley, se tiene que cumplir».

Una familia de Alzira logra diez meses después de ganar el pleito que Bienestar Social reconozca el pago de la prestación con carácter retroactivo

Primer caso de la Ribera. La resolución por la que se le aprobaba la prestación por el cuidado de su hija indignó a Inma Cortell, no por el importe, sino porque le negaba los años transcurridos desde que solicitó la ayuda alegando que no se había acreditado que en ese tiempo su hija hubiera recibido esa atención. Inma inició una lucha que llega al final. Aunque ha habido momentos de duda, concluye que «ha valido la pena».
P. F. | ALZIRA «Si existe una ley, se tiene que cumplir». El razonamiento de Inmaculada Cortell cae por su propio peso pero, en la aplicación de la Ley de la Dependencia, presenta excepciones? aunque todo llega. Esta alcireña, madre de una gran dependiente que cuenta ahora con 20 años, ganó en julio de 2013 su recurso contra la Conselleria de Bienestar Social que se negaba a reconocerle con carácter retroactivo la prestación para cuidados en el entorno familiar que contemplaba la ley y, tras casi diez meses de pelea para que se cumpliera esa sentencia, acaba de recibir esta semana la resolución de la directora general de Dependencia por la que asume llevarla a efecto y cuantifica incluso el importe que le corresponde. Inma considera que se trata de una «victoria moral» aunque no duda en destacar que todo el esfuerzo depositado en defensa de los derechos de su hija «ha valido la pena».

Se trata además de la primera sentencia en el ámbito de la Plataforma de la Ribera per la Llei de la Dependència, de la que Inma Cortell fue promotora, y de la primera vez que la conselleria reconoce formalmente el derecho a percibir esos atrasos a una familia de la comarca, según explica Xavier Cantera, uno de los integrantes de este colectivo, que quiso animar a todos los dependientes a seguir los pasos de Inma y recurrir «porque tenemos las de ganar».
La resolución de la Generalitat por la que se le concedía la prestación económica para el cuidado de su hija desde el momento de esa aprobación, pero se le denegaba en los años transcurridos desde el momento en que presentó la solicitud, como contemplaba la ley, se convirtió en un arma de doble filo contra la conselleria, que argumentaba la negativa a conceder la ayuda con carácter retroactivo en que no constaba debidamente acreditado que la hija de Inma hubiera estado recibiendo ninguno de los servicios previstos en el catálogo del Consell. Inma Cortell recibió la notificación un 28 de diciembre, pero no era una inocentada, y se indignó.
«Llegar hasta el final»
«Estaba dispuesta a llegar hasta el final aunque me quedara a tablas. La conselleria tenía que saber que mi hija vive aquí, que soy su madre y que la estoy cuidando, me dejé de trabajar para cuidarla porque son las 24 horas al día y yo me iré, pero ella necesitará una cuidadora y, a la larga, todo es para ella», expone sin ocultar su rabia por aquella resolución.

La pelea desde que interpuso el primer recurso contra esa resolución de noviembre de 2009 ha sido larga y, según reconoce, en el camino han habido altibajos que ha superado con el apoyo de la plataforma. «Muchas veces me preguntaba si valdría la pena», señala, mientras valora la resolución de la conselleria como un triunfo personal pero también de la plataforma.
«No me ha tocado la lotería»
La resolución dictada por la directora general para cumplir la sentencia cifra en 17.500 euros los atrasos que debe percibir correspondientes a las prestaciones que debió cobrar y no le pagaron en los años 2007, 2008 y 2009. «Que nadie piense que me ha salido la lotería», advierte Cortell. Entre otras cosas, porque pese a la condena a la conselleria, ha tenido que soportar los gastos del juicio.

«Por mucho dinero que reciba, sólo sirve para devolverle el esfuerzo personal y económico que ha hecho», apunta Xavier Cantera, mientras señala que hay estudios que cifran en 35.000 euros el «sobreesfuerzo» que tiene que realizar una familia con un gran dependiente frente a una familia que no tiene a su cargo un discapacitado profundo. En el caso de la hija de Inma, presenta un grado de discapacidad intelectual del 86%. De hecho, la sentencia que esta familia alcireña ganó a la conselleria señala que «forzosamente» cabe concluir que esta dependiente ya recibía los cuidados que contempla la Ley de la Dependencia antes de su aprobación o de que la familia presentara la solicitud para optar a las prestaciones. «Ha costado, pero se consigue», concluye Inma Cortell.

Publicat per Dependència La Ribera